Vecinos por Algete solicita con esta propuesta la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Algete de un plan de extensión a todos los canales y formas de comunicación oficial en lo referido a la información y documentación difundida por medios electrónicos que reduzca la brecha existente entre la legislación establecida y el cumplimiento de la misma por parte de nuestro Ayuntamiento, garantizándose así la accesibilidad a la totalidad de la información por parte de todos los vecinos.
Esta propuesta de acuerdo "no pretende ser una crítica a la gestión de las comunicaciones por parte del Ayuntamiento en lo que se refiere a la accesibilidad, valorando de forma muy positiva que, por ejemplo, en la web municipal haya la posibilidad de aumentar el tamaño de la letra o que las actas de los últimos plenos se les haya dotado de accesibilidad incluyendo la opción de búsqueda por palabras dentro del texto (opción que antes no era posible)", ha declarado Sergio Velasco, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Algete.
Cecilia Sánchez, Concejal de Vecinos por Algete, ha señalado también que "lo que se pretende con esta propuesta es que ese compromiso de mejora de la accesibilidad a la información ya iniciado hace años por parte del consistorio algeteño se extienda a todas las comunicaciones electrónicas posibles: desde los archivos descargables del apartado “Información Abierta” de la web municipal (donde por ejemplo el Reglamento Orgánico Municipal, ni es accesible ni está actualizado con las últimas modificaciones realizadas), hasta los expedientes en formato electrónico que se entregan a la corporación municipal para el desempeño de sus obligaciones, pasando por la documentación de la Empresa Municipal Geseral (de la que en la actualidad un miembro del Consejo de Administración tiene una discapacidad visual) o por el etiquetado de las fotografías en la web".
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los distintos ámbitos de la vida cotidiana constituye, para muchas personas, una oportunidad casi única de acceder a contenidos, informaciones y experiencias que antes podían estarles vedadas. Para aquellas que además presentan una condición de discapacidad, los avances tecnológicos suponen, casi siempre, una ayuda adicional con la que sobreponerse a determinadas barreras a la participación en distintas actividades y contextos, entre ellos los de la gestión municipal y participación ciudadana.
De forma paradójica, sin embargo, un buen número de personas ha de enfrentarse cada día a las restricciones que, por un inadecuado diseño o por una falta de sensibilidad hacia sus necesidades, llevan aparejados estos recursos tecnológicos. Muchos de ellos resultan complicados para poder ser usados por usuarios inexpertos o poco formados y, en la mayoría de los casos, comportan serias dificultades de accesibilidad por parte de quienes tienen alguna limitación funcional. De modo que, lo que sin lugar a dudas debería ser una ventaja para quienes se han convertido poco a poco en usuarios habituales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a veces se transforma en un cotidiano calvario en el que las dificultades superan con creces a las ventajas y los problemas de acceso se convierten en un obstáculo mayor que el que de antemano se quería salvar.
Para paliar en lo posible esta situación, en los últimos años se han desarrollado importantes acciones que tratan de propiciar una mayor accesibilidad de los recursos tecnológicos. Entre estas acciones se encuentran, naturalmente, las de carácter legislativo, que intentan poner un poco de orden en un ámbito cuyo crecimiento exponencial a veces hace obsoletas las disposiciones y normas; las de investigación, que tratan de indagar un poco más en las condiciones de acceso de los usuarios con discapacidad a las tecnologías y de establecer los parámetros que harían más eficiente su uso por esta población y, por último, íntimamente relacionadas, las de información, formación y sensibilización, que lo que pretenden, en esencia, es poner a disposición de la comunidad, no siempre adecuadamente formada, un conjunto de ideas y sugerencias que faciliten el desarrollo de entornos de comunicación e información más accesibles.
Lo cierto es que, hoy en día, todos los que de una u otra forma somos usuarios habituales de estas tecnologías, asumimos una cierta cuota de responsabilidad en que el uso que de ellas hacemos facilite el acceso a todas las personas. Y esta responsabilidad se hace especialmente notoria en el ámbito político, al convertirnos en representantes de todos los ciudadanos, sin paliativos ni discriminaciones.
Cada vez que escribimos un documento electrónico y lo hacemos figurar en alguna parte de la red; cada vez que redactamos un simple correo electrónico o cada vez que publicamos una fotografía, estamos realizando una acción en la que deberíamos tener presente la mayor o menor probabilidad de acceso por parte de cualquier persona, incluidas aquellas que presenten una discapacidad. Elegir un adecuado tamaño y contraste de letra, estructurar de un modo correcto un documento con un procesador de texto o etiquetar una fotografía son acciones aparentemente simples que pueden facilitar enormemente las cosas a cualquier usuario que deba acceder a nuestra información. Es éste, por tanto, un compromiso que deberemos tener siempre presente.
La idea de «accesibilidad universal» hace referencia a la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Lo cierto es que la pretensión de que un producto tecnológico sea accesible va mucho más allá de que pueda ser usado por una persona con una discapacidad reconocida. De esta circunstancia deriva la necesidad del compromiso continuo por mejorar la accesibilidad y las condiciones de uso de los recursos tecnológicos, en contextos en los que muchas personas (no sólo personas con discapacidad acreditada, sino personas mayores, personas con una ligera disfunción en la vista o el oído, personas poco expertas…) deben encontrar facilidades para interactuar a través de unas tecnologías que se están convirtiendo en un elemento esencial del proceso de aprendizaje.
La presentación de la información de manera accesible supone garantizar el acceso a la misma con independencia de: hardware o software como: editores de texto, bases de datos, programas de presentaciones, programas de diseño gráfico, etc.
Indicamos aquí algunas discapacidades y algunas estrategias de compensación que deberían ser adoptadas por el Ayuntamiento de Algete para acercarse más a los colectivos con dificultades de accesibilidad a los contenidos generados por nuestro consistorio:
- Sordera o hipoacusia: necesidad de subtitular los contenidos visuales o de audio que haya en la web, incorporar imágenes complementarias que ayuden a la comprensión de algunos textos, teniendo en cuenta que estas personas se comunican por lenguajes de signos, etc.
- Discapacidades visuales: incorporar una etiqueta brevemente descriptiva a cada imagen de la web o de un documento, acompañar de audio descripción cualquier vídeo oficial que se genere, elaborar documentos que no sean una imagen escaneada, sino un texto generado en un formato word, excel, etc. o bien pasado a pdf de forma directa o escaneado a través de un proceso de OCR. Además, el tamaño de la letra, el alto contraste, etc. de cualquier publicación y, en cualquier soporte, deberá tener en cuenta a una gran población de personas con visión reducida, bien por una discapacidad congénita o por discapacidad adquirida, propia de la edad.
Por si nuestra sensibilidad no fuera suficiente para realizar un mayor esfuerzo, podemos apelar a la responsabilidad y obligación de cumplir con la normativa reguladora existente en esta materia, de la cual, nombraremos alguna a modo de ejemplo:
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE).
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU).
- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social
Además, podría nombrarse una gran cantidad de Normas UNE, recomendaciones del Consorcio W3C y otras normativas que nos recuerdan que, mejorar la accesibilidad de los documentos, al igual que la de los entornos digitales en general, no es en absoluto algo opcional. Responde a las necesidades y los derechos de los usuarios con discapacidad, concretados y sancionados por una serie de disposiciones reglamentarias por lo general bastante precisas y claras.
Nota: para la elaboración de esta propuesta se ha seguido la Guía de Accesibilidad a Documentos Electrónicos, elaborada por laUniversidad Nacional de Educación a Distancia.
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