Con el objetivo de dotar a la norma de mayor sensibilidad social, las alegaciones también plantean rebajar en los fraccionamientos ordinarios la deuda mínima aplazable de 150 a 90 euros, permitiendo cuotas mensuales desde 30 euros en lugar de 50 para ayudar a personas desempleadas o con pensiones mínimas. De igual modo, se pide eliminar la obligación de presentar nóminas o declaraciones íntegras del IRPF para deudas inferiores a 3.000 euros —sustituyéndolo por una simple declaración responsable— e introducir un plazo de gracia de diez días hábiles tras una devolución bancaria antes de cancelar automáticamente el acuerdo de fraccionamiento y derivar la deuda a ejecutiva.
En materia de garantías jurídicas y protección frente a la brecha digital, Vecinos por Algete alerta de que la ordenanza exime al Ayuntamiento de responsabilidad si falla el aviso por SMS o correo electrónico de una notificación en la sede electrónica, lo que deja en total indefensión a las personas mayores o con dificultades digitales y puede derivar en embargos de cuentas sin conocimiento previo. Por ello, reclama asistencia presencial personalizada y la obligatoriedad de reiterar el aviso por mensajería o contacto telefónico antes de iniciar cualquier procedimiento de apremio. Paralelamente, para no obstaculizar el derecho a recurrir liquidaciones municipales, propone elevar de 4.000 a 10.000 euros el límite que permite suspender cautelarmente una deuda recurrida mediante fianza personal y solidaria de otros contribuyentes solventes, evitando que el ciudadano deba costear avales bancarios, tasaciones periciales o aranceles registrales.
Por último, el Grupo Municipal denuncia que el anexo de clasificación de vías públicas incorporado al expediente es una copia literal de un listado publicado en el BOCM en diciembre de 2009, arrastrando una desactualización de casi dos décadas que conserva anotaciones urbanísticas obsoletas y referencias toponímicas antiguas. Este documento asigna de forma indiscriminada la “1ª Categoría” a casi todo el término municipal —incluyendo urbanizaciones periféricas, polígonos industriales y parcelas rústicas—, penalizando en tributos como el IAE o las tasas de vados y apertura a comercios y empresas situados en zonas con menor dotación de servicios que el casco tradicional. “Es inaceptable que en pleno 2026 se pretenda aplicar un callejero fiscal copiado de 2009 que trata igual a una calle céntrica que a un polígono o una urbanización periférica; pedimos rigor técnico y equidad fiscal para todo el municipio”, ha concluido el portavoz de Vecinos por Algete, solicitando la retirada de dicho anexo y la apertura de un procedimiento para actualizarlo a la realidad actual del municipio.



