El Grupo Municipal de
Vecinos por Algete, a través de su concejal portavoz Sergio Velasco Gigorro, ha
registrado formalmente un paquete de seis alegaciones al proyecto de
modificación integral de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y
Recaudación de los Tributos (Expediente 10020/2026), aprobado inicialmente en
el Pleno del pasado 29 de octubre.
Tras analizar al detalle el texto normativo, la formación política local advierte de que la
propuesta del equipo de Gobierno adolece de un “excesivo rigor formal y
procedimental” que perjudica directamente la economía cotidiana de los
contribuyentes algeteños, imponiendo trabas financieras desproporcionadas y
castigando tributariamente a las zonas residenciales y comerciales
periféricas.
“El Ayuntamiento debe ser un aliado que facilite a los vecinos el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, no una carrera de obstáculos burocráticos y financieros que acabe
abocando a las familias y comercios a recargos injustos”, ha señalado el concejal
portavoz de Vecinos por Algete, Sergio Velasco, quien subraya que “el borrador
actual está pensado de espaldas a la realidad social del municipio y penaliza
especialmente a las rentas más modestas y a nuestros mayores, por eso hemos
presentado alegaciones desde Vecinos por Algete”.
En primer lugar, Vecinos por Algete reclama una flexibilización profunda del Sistema Especial de Pagos y
de las bonificaciones vinculadas a la domiciliación. El borrador actual
condiciona la bonificación del 3% por fraccionamiento en seis plazos —y del 5%
por pago único el 30 de abril— a agrupar la totalidad de los tributos del
contribuyente bajo el concepto de “deuda global” (IBI, IAE, IVTM y Tasa de
Residuos), lo que excluye injustamente a inquilinos o familias que no disponen
de vehículo. Ante esta situación, Vecinos por Algete exige que los vecinos
puedan acogerse al pago fraccionado bonificado del 3% eligiendo los tributos de
forma individualizada, así como eliminar el plazo límite del 30 de marzo para
domiciliar recibos con descuento, armonizándolo con la norma general para que
baste con solicitarlo hasta un mes antes del inicio del cobro de cada padrón.
Asimismo, la
formación solicita elevar de 6.000 a 30.000 euros el límite de exención de
garantías para solicitar aplazamientos y fraccionamientos. Mientras que la
Administración General del Estado ya permite aplazar deudas de hasta 30.000
euros sin necesidad de aportar avales conforme a la Orden Ministerial
HFP/583/2023, el Ayuntamiento de Algete pretende mantener el tope en unos
exiguos 6.000 euros. Según denuncia el Grupo Municipal Vecinos por Algete, este
requisito obliga a familias, autónomos y pequeñas empresas que deban afrontar
liquidaciones de obras (ICIO) o plusvalías a costear onerosos avales bancarios
o seguros de caución, abocándolos en la práctica a la vía de apremio con
recargos de hasta el 20%. “No tiene ningún sentido que Hacienda permita
fraccionar hasta 30.000 euros sin aval y que en Algete exijamos garantías
bancarias a partir de 6.000 euros; es una medida asfixiante para cualquier
vecino o autónomo que afronte una reforma o una herencia”, ha apuntado
Velasco.
Con el objetivo de dotar a la norma de mayor sensibilidad social, las alegaciones también plantean rebajar en los fraccionamientos ordinarios la deuda mínima aplazable de 150 a 90 euros, permitiendo cuotas mensuales desde 30 euros en lugar de 50 para ayudar a personas desempleadas o con pensiones mínimas. De igual modo, se pide eliminar la obligación de presentar nóminas o declaraciones íntegras del IRPF para deudas inferiores a 3.000 euros —sustituyéndolo por una simple declaración responsable— e introducir un plazo de gracia de diez días hábiles tras una devolución bancaria antes de cancelar automáticamente el acuerdo de fraccionamiento y derivar la deuda a ejecutiva.
En materia de garantías jurídicas y protección frente a la brecha digital, Vecinos por Algete alerta de que la ordenanza exime al Ayuntamiento de responsabilidad si falla el aviso por SMS o correo electrónico de una notificación en la sede electrónica, lo que deja en total indefensión a las personas mayores o con dificultades digitales y puede derivar en embargos de cuentas sin conocimiento previo. Por ello, reclama asistencia presencial personalizada y la obligatoriedad de reiterar el aviso por mensajería o contacto telefónico antes de iniciar cualquier procedimiento de apremio. Paralelamente, para no obstaculizar el derecho a recurrir liquidaciones municipales, propone elevar de 4.000 a 10.000 euros el límite que permite suspender cautelarmente una deuda recurrida mediante fianza personal y solidaria de otros contribuyentes solventes, evitando que el ciudadano deba costear avales bancarios, tasaciones periciales o aranceles registrales.
Por último, el Grupo Municipal denuncia que el anexo de clasificación de vías públicas incorporado al expediente es una copia literal de un listado publicado en el BOCM en diciembre de 2009, arrastrando una desactualización de casi dos décadas que conserva anotaciones urbanísticas obsoletas y referencias toponímicas antiguas. Este documento asigna de forma indiscriminada la “1ª Categoría” a casi todo el término municipal —incluyendo urbanizaciones periféricas, polígonos industriales y parcelas rústicas—, penalizando en tributos como el IAE o las tasas de vados y apertura a comercios y empresas situados en zonas con menor dotación de servicios que el casco tradicional. “Es inaceptable que en pleno 2026 se pretenda aplicar un callejero fiscal copiado de 2009 que trata igual a una calle céntrica que a un polígono o una urbanización periférica; pedimos rigor técnico y equidad fiscal para todo el municipio”, ha concluido el portavoz de Vecinos por Algete, solicitando la retirada de dicho anexo y la apertura de un procedimiento para actualizarlo a la realidad actual del municipio.

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