Vecinos
por Algete, junto con otros colectivos y asociaciones de la Plataforma
Ecologista Madrileña, han presentado alegaciones al proyecto de Decreto por el
que se crea y regula la denominada Aceleradora Urbanística de la Comunidad de
Madrid. Bajo el pretexto de agilizar trámites y reducir plazos, el nuevo
organismo se configura como una herramienta de control político de la Comunidad
sobre el planeamiento municipal, debilitando la autonomía local, vaciando de
contenido la participación social y alejando el urbanismo de su función
constitucional que es garantizar el interés general y el derecho a una vivienda
digna.
Sergio
Velasco, concejal portavoz de Vecinos por Algete ha señalado que “el texto de la
nueva norma de la aceleradora urbanística de la Comunidad de Madrid coloca a la
inversión privada en el centro de la planificación
territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del
urbanismo. Ni los ayuntamientos, titulares de la competencia urbanística, ni la
ciudadanía dispondrían con este organismo de un papel real en un mecanismo que,
además, amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la
puerta a la opacidad y falta de transparencia en los nuevos desarrollos urbanísticos”.
Las
alegaciones al proyecto de Decreto por el que se crea y regula la denominada
Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid comienzan ya en el preámbulo
del decreto, pues se justifica la creación de la Aceleradora en la supuesta
necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos, pero no aborda las causas
estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos
responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el
planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo
47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la
ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar
digno.
La
Aceleradora se configura además como un órgano colegiado compuesto casi
exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Los ayuntamientos quedan
relegados a un papel secundario y discrecional, mientras que la sociedad civil,
asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera
tienen cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de “asesores
técnicos externos”, un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a
intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas.
Desde
Vecinos por Algete y los colectivos ecologistas madrileños se denuncia que esa
exclusión refuerza un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía
local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de
participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de
decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro
opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general.
Por
otro lado, el decreto crea una unidad técnica de apoyo a la Aceleradora
Urbanística pero adscrita a la Dirección General de Urbanismo y le otorga
funciones que exceden el ámbito autonómico e invaden competencias municipales,
como la tramitación de informes sectoriales. Aunque formalmente la adhesión de
los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una
imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia
de planeamiento.
A
ello se suma la ausencia de garantías de transparencia. No se prevé la
publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la
normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata
de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores.
Especialmente
grave resulta la disposición que convierte en “de especial relevancia”
cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de
Inversiones, sin audiencia a los afectados ni control ciudadano. Esta puerta
trasera subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo
proyectos privados con planeamiento público.
Por
todo ello, tanto Vecinos por Algete como la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación
del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el
Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluyen
que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita
la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana,
desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de
atracción de capital privado. Por todo ello, solicitan su retirada
inmediata y la apertura de un proceso participativo que aborde de verdad las
necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de
urbanismo, vivienda y territorio.
