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| Minuto de silencio guardado en el pleno de julio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois (Fotografía de Ángel Luis Menéndez - La Voz de Algete) |
Intervención de Sergio Velasco, portavoz del Grupo Municipal de Vecinos por Algete, en el punto número 6 del pleno de julio de 2018 relativo a la "Moción presentada por los grupos municipales PSOE, CS e IU relativa a la revisión de los contratos de deportes de raqueta, piscina y actividades de sala."
PRIMERA INTERVENCIÓN
"En el pasado pleno del mes de junio, Vecinos por Algete intentó presentar por la vía de urgencia la moción relativa a la revisión de los contratos de deportes de raqueta, piscina y actividades de sala, teniendo en cuenta los informes elaborados por los coordinadores de deportes sobre el grado de cumplimiento de los contratos por parte de Termalia Sport y Ocapa. A pesar de que todos los grupos disponíamos de los informes desde hacía varios días y de que habíamos comunicado nuestra intención a la corporación días antes, la urgencia fue rechazada por los distintos grupos argumentando ese rechazo de la forma variada y curiosa:
- Razones como la ausencia de informes de secretaría o intervención. Les recordamos que minutos antes se aprobó otra moción de urgencia sin dichos informes o que incluso ahora se presenta la misma moción sin que ningún grupo haya pedido informes adicionales.
- Argumentos como que la moción no se presentaba por urgencia sino fuera de plazo. Presentar una moción por la vía de urgencia es algo perfectamente legal y cuya tramitación está recogida en el propio ROM, habiéndose presentado por esta vía cientos de mociones en este mismo Ayuntamiento. Sigue otros trámites pero es algo que permite la normativa y que todos los grupos han hecho en este consistorio.
- Argumentos como que nos estábamos precipitando porque el tema no se había tratado en el Observatorio de la Contratación y estaba previsto hacerlo en la sesión de julio. Recordamos a los grupos que el Observatorio es un órgano de consulta y de seguimiento de los contratos: no marca las pautas de las mociones o propuestas que se tienen que traer a pleno por parte de los grupos. Además, en el último Observatorio solo se trató la parte de Termalia, por lo que deducimos que la moción que presentan hoy se refiere solo a actividades de agua y de sala de Termalia Sport y no al de raqueta y pádel de Ocapa, que no se abordó por falta de documentación, para ser consecuente con sus propias argumentaciones.
- Razones como urgencia injustificada. Por error en la dirección del pleno, el Alcalde no nos indicó que argumentáramos los motivos de la urgencia. Pero aunque lo hubiéramos justificado, ustedes habrían votado lo mismo. Es sencilla la justificación: cuanto antes se notificara a las empresas el incumplimiento de sus obligaciones, antes empezaría a contar el plazo para su subsanación y en caso de reiterado incumplimiento, antes se podrían imponer sanciones. De hecho ya solo con el revuelo formado, las empresas han corregido en este mes alguno de sus incumplimientos.
Al no poder ni siquiera debatir la moción el mes pasado, como ya anunciamos también en ese pleno, presentaríamos la misma moción en el mes de julio. La sorpresa nos la encontramos cuando para este mes el resto de grupos de la oposición copia nuestra moción en la exposición de motivos, modifica uno de los puntos y añade un tercero, y para colmo “tienden la mano” para presentarla conjuntamente. Si esas modificaciones nos las hubieran presentado el mes pasado, quizás las habríamos aceptado. Pero esa supuesta mano tendida está fuera de lugar hoy. Primero porque nos parece una tomadura de pelo tras lo sucedido en junio y que simplemente aprovechan que su turno es anterior al nuestro y no íbamos a debatir dos veces lo mismo. Y segundo porque moción conjunta es una propuesta realizada entre varios grupos que han trabajado conjuntamente en ella, no subirse al carro y poner el logotipo a un documento que ha elaborado otro grupo sobre un tema del que todos tenemos la misma información.
Hoy presentan unas propuestas de acuerdo que no compartimos. Primero, se elimina del punto dos la posibilidad de resolver el contrato por parte del Equipo de Gobierno en caso de no ser subsanados los incumplimientos en tiempo y forma. Llevan meses criticando el modelo de gestión de deportes y ahora les da miedo rescindirlo por incumplimiento. Son los propios pliegos (el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego Técnico de Gestión) los que regulan la resolución del contrato. Y si se dan las condiciones, habrá que resolverlo. Como han hecho en el Ayuntamiento de Las Pedroñeras que en el mes de abril han aprobado por unanimidad de todos los grupos la resolución del contrato precisamente con Termalia Sport para la gestión de la piscina por incumplimiento del contrato (en concreto, por fraude en el suministro eléctrico: el servicio se estaba dando, pero como en nuestro caso, no se estaban cumpliendo las obligaciones por parte de la empresa, quien no quería hacer frente a las deudas con la compañía eléctrica, seguridad social o servicios de limpieza).
Y la segunda razón por la que no compartimos sus propuestas de acuerdo, es que en el punto tres demuestran que no solo no han trabajado, sino que ni se han leído la documentación en este asunto. Porque si lo hubieran hecho sabrían que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2017, al incoarse el expediente de interpretación del contrato administrativo de gestión de la piscina y de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Algete, en el punto noveno, y de acuerdo con el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se nombra a doña Mercedes Coll Tellechea como responsable del contrato, correspondiéndole a ella supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Independientemente de que nos guste esta persona o no, es ella la que tiene que supervisar el cumplimiento del contrato, la que tendrá que realizar los informes y la que tendrá que proponer las medidas a tomar por el equipo de gobierno. Hace unos días en un comunicado referente a este asunto, uno de los grupos municipales indicaba que había que 'canalizar los asuntos de forma legal y procedimental'. Lecciones doy que para mí no quiero."
SEGUNDA INTERVENCIÓN
"En octubre de 2017, las empresas externas Termalia Sport y Ocapa asumen las actividades deportivas. Esta externalización fue justificada por el equipo de gobierno del Partido Popular con argumentos como que eran unos servicios deficitarios (no olvidemos que el Ayuntamiento ingresaba por ellos más de medio millón de euros al año), y que las empresas concesionarias se harían cargo de los suministros energéticos y del mantenimiento de las instalaciones, con el consiguiente ahorro económico para el Ayuntamiento.
Pero desde hace meses, la externalización lleva una deriva preocupante como han ido indicando informes sucesivos de la Concejalía de Deportes y los datos aportados en el Observatorio de la Contratación. En primer lugar, los contratos han tenido que reinterpretarse dos veces, y en cada una de esas reinterpretaciones las empresas han ido desprendiéndose de obligaciones y responsabilidades con respecto a las instalaciones y a su mantenimiento y el Ayuntamiento las ha ido asumiendo, en contra de lo que se estipulaba inicialmente en los contratos. A pesar de esas concesiones, y aunque el servicio se está dando (que es el argumento de defensa del Ayuntamiento), las obligaciones por parte de la empresa no se están cumpliendo ni en el caso de los deportes de sala y piscina, ni en los de raqueta.
Y estos incumplimientos se refieren a aspectos tan importantes como la presentación de documentos económicos que acrediten pagos de cuotas, tasas cobradas, número de alumnos de cada actividad, etc.; presentación de documentación laboral, titulación de los monitores, seguridad social, contratos, etc. relativa a los empleados de las empresas; asunción del mantenimiento y limpieza de las instalaciones que se lleva realizando apenas un mes cuando debían de haberlo hecho desde octubre; presentación de certificados de delitos sexuales actualizados de todos los empleados; ausencia de atención al público en las instalaciones en algunos de los horarios fijados o el empleo del Diplomado Universitario de Enfermería en la piscina en labores de taquillero con el consiguiente peligro que ello supone; presentación de los recibos de estar al corriente de pago de seguro de accidentes y de responsabilidad civil; pago de los cánones anuales establecidos por contrato; etc.
Y es que el problema que abordamos aquí es que desde que se firmaron los contratos, el Ayuntamiento no ha hecho un seguimiento efectivo del cumplimiento de los mismos y se ha desentendido, a pesar de que, como se ha indicado antes, se designó a una persona para supervisar los contratos. O más que no hacer un seguimiento, no ha actuado en consecuencia cuando continuamente los coordinadores de deportes han alertado del incumplimiento constante y reiterado de las obligaciones de las empresas concesionarias. Ni la comisión de seguimiento ha funcionado como debería haberlo hecho desde el principio, ni la comunicación entre la concejalía y empresas privadas ha funcionado correctamente. Y ahora este problema se les ha escapado de las manos.
¿Y qué van a hacer? Pues en el mejor de los casos y de cara a la opinión pública, van a simular que se ponen duros y exigentes con las empresas (cosa que no han hecho en nueve meses por miedo a que se fueran) y quizá se atrevan a imponer una de las sanciones más graves en el caso de que los incumplimientos continúen tras el revuelo social generado. Esa medida no es el secuestro, que nos les interesa porque se paralizaría el servicio, sino una multa del 20% sobre canon anual. Teniendo en cuenta que el canon es de 7.000 euros, una ridícula sanción de 1.400 euros es incluso asumible por las empresas que no han cumplido con sus obligaciones legales en nueve meses, ni van a poder hacerlo a estas alturas, y ustedes quedarían como que han hecho todo lo que estaba en sus manos. Y no descartamos que esa sea una solución pactada con las empresas para salir airosos de esta situación tanto para el equipo de gobierno como las propias concesionarias. Eso por no hablar de la cifra que supuestamente adeudan el Ayuntamiento a estas empresas por realización de actividades que no quedaron reflejadas en los contratos. Y atentos a cómo evolucionan los acontecimientos porque alguna de las dos empresas nos puede dejar tirados y resolver el contrato (acuérdense de lo que decimos)."
Hoy presentan unas propuestas de acuerdo que no compartimos. Primero, se elimina del punto dos la posibilidad de resolver el contrato por parte del Equipo de Gobierno en caso de no ser subsanados los incumplimientos en tiempo y forma. Llevan meses criticando el modelo de gestión de deportes y ahora les da miedo rescindirlo por incumplimiento. Son los propios pliegos (el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego Técnico de Gestión) los que regulan la resolución del contrato. Y si se dan las condiciones, habrá que resolverlo. Como han hecho en el Ayuntamiento de Las Pedroñeras que en el mes de abril han aprobado por unanimidad de todos los grupos la resolución del contrato precisamente con Termalia Sport para la gestión de la piscina por incumplimiento del contrato (en concreto, por fraude en el suministro eléctrico: el servicio se estaba dando, pero como en nuestro caso, no se estaban cumpliendo las obligaciones por parte de la empresa, quien no quería hacer frente a las deudas con la compañía eléctrica, seguridad social o servicios de limpieza).
Y la segunda razón por la que no compartimos sus propuestas de acuerdo, es que en el punto tres demuestran que no solo no han trabajado, sino que ni se han leído la documentación en este asunto. Porque si lo hubieran hecho sabrían que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2017, al incoarse el expediente de interpretación del contrato administrativo de gestión de la piscina y de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Algete, en el punto noveno, y de acuerdo con el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se nombra a doña Mercedes Coll Tellechea como responsable del contrato, correspondiéndole a ella supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Independientemente de que nos guste esta persona o no, es ella la que tiene que supervisar el cumplimiento del contrato, la que tendrá que realizar los informes y la que tendrá que proponer las medidas a tomar por el equipo de gobierno. Hace unos días en un comunicado referente a este asunto, uno de los grupos municipales indicaba que había que 'canalizar los asuntos de forma legal y procedimental'. Lecciones doy que para mí no quiero."
SEGUNDA INTERVENCIÓN
"En octubre de 2017, las empresas externas Termalia Sport y Ocapa asumen las actividades deportivas. Esta externalización fue justificada por el equipo de gobierno del Partido Popular con argumentos como que eran unos servicios deficitarios (no olvidemos que el Ayuntamiento ingresaba por ellos más de medio millón de euros al año), y que las empresas concesionarias se harían cargo de los suministros energéticos y del mantenimiento de las instalaciones, con el consiguiente ahorro económico para el Ayuntamiento.
Pero desde hace meses, la externalización lleva una deriva preocupante como han ido indicando informes sucesivos de la Concejalía de Deportes y los datos aportados en el Observatorio de la Contratación. En primer lugar, los contratos han tenido que reinterpretarse dos veces, y en cada una de esas reinterpretaciones las empresas han ido desprendiéndose de obligaciones y responsabilidades con respecto a las instalaciones y a su mantenimiento y el Ayuntamiento las ha ido asumiendo, en contra de lo que se estipulaba inicialmente en los contratos. A pesar de esas concesiones, y aunque el servicio se está dando (que es el argumento de defensa del Ayuntamiento), las obligaciones por parte de la empresa no se están cumpliendo ni en el caso de los deportes de sala y piscina, ni en los de raqueta.
Y estos incumplimientos se refieren a aspectos tan importantes como la presentación de documentos económicos que acrediten pagos de cuotas, tasas cobradas, número de alumnos de cada actividad, etc.; presentación de documentación laboral, titulación de los monitores, seguridad social, contratos, etc. relativa a los empleados de las empresas; asunción del mantenimiento y limpieza de las instalaciones que se lleva realizando apenas un mes cuando debían de haberlo hecho desde octubre; presentación de certificados de delitos sexuales actualizados de todos los empleados; ausencia de atención al público en las instalaciones en algunos de los horarios fijados o el empleo del Diplomado Universitario de Enfermería en la piscina en labores de taquillero con el consiguiente peligro que ello supone; presentación de los recibos de estar al corriente de pago de seguro de accidentes y de responsabilidad civil; pago de los cánones anuales establecidos por contrato; etc.
Y es que el problema que abordamos aquí es que desde que se firmaron los contratos, el Ayuntamiento no ha hecho un seguimiento efectivo del cumplimiento de los mismos y se ha desentendido, a pesar de que, como se ha indicado antes, se designó a una persona para supervisar los contratos. O más que no hacer un seguimiento, no ha actuado en consecuencia cuando continuamente los coordinadores de deportes han alertado del incumplimiento constante y reiterado de las obligaciones de las empresas concesionarias. Ni la comisión de seguimiento ha funcionado como debería haberlo hecho desde el principio, ni la comunicación entre la concejalía y empresas privadas ha funcionado correctamente. Y ahora este problema se les ha escapado de las manos.
¿Y qué van a hacer? Pues en el mejor de los casos y de cara a la opinión pública, van a simular que se ponen duros y exigentes con las empresas (cosa que no han hecho en nueve meses por miedo a que se fueran) y quizá se atrevan a imponer una de las sanciones más graves en el caso de que los incumplimientos continúen tras el revuelo social generado. Esa medida no es el secuestro, que nos les interesa porque se paralizaría el servicio, sino una multa del 20% sobre canon anual. Teniendo en cuenta que el canon es de 7.000 euros, una ridícula sanción de 1.400 euros es incluso asumible por las empresas que no han cumplido con sus obligaciones legales en nueve meses, ni van a poder hacerlo a estas alturas, y ustedes quedarían como que han hecho todo lo que estaba en sus manos. Y no descartamos que esa sea una solución pactada con las empresas para salir airosos de esta situación tanto para el equipo de gobierno como las propias concesionarias. Eso por no hablar de la cifra que supuestamente adeudan el Ayuntamiento a estas empresas por realización de actividades que no quedaron reflejadas en los contratos. Y atentos a cómo evolucionan los acontecimientos porque alguna de las dos empresas nos puede dejar tirados y resolver el contrato (acuérdense de lo que decimos)."
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