Taller de Auditoria Ciudadana

Hoy sábado se ha celebrado en el Centro José Luis Sampedro de Coslada un taller organizado por Somos Coslada e impartido por la Plataforma Auditoría Ciudadana de Madrid (PACM) en  el que se intentaba  dar respuesta a preguntas tales como ¿Qué es la Auditoria Ciudadana? ¿Para qué sirve? ¿Con qué objetivos? ¿Qué podemos conseguir. Al taller hemos asistido concejales de Coslada, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, Loeches, Mejorada del Campo y Algete, y a continuación os dejamos un breve resumen sobre el mismo.

Uno de los primeros conceptos abordados es el de la deuda ilegítima, que es aquella deuda que se ha generado gastando fondos en algo sin consultar a la ciudadanía, un gasto que solo ha favorecido a un pequeño grupo de población, o un gasto que no ha tenido en cuenta otras prioridades. Así surge el concepto de auditoría ciudadana, que surge cuando el ciudadano de a pie se da cuenta del derroche que ha habido y del descontrol en el gasto (sobre todo a nivel municipal por culpa de las competencias urbanísticas). También introducen otros dos conceptos: la deuda de género (la que genera un impacto negativo hacia el colectivo de mujeres) y la deuda ecológica (la que afecta de forma negativa a algún aspecto medioambiental).

Hay que aclarar que el hecho de auditar no significa “no pagar”: la auditoria es un proceso de empoderamiento ciudadano, que implica a los vecinos y les lleva a conocer en qué gasta su Ayuntamiento, evitando malversación, robo de dinero público, despilfarros… Es importante hacer un esfuerzo de traducción para que la ciudadanía entienda términos económicos (no basta con publicar las cuentas: hay que explicárselas a los ciudadanos sin excesivos tecnicismos).

Un primer paso para instaurar un observatorio de auditoría ciudadana es exigir a los gobiernos municipales procesos de transparencia total para que se publique la información y esta sea manejable (en formatos informáticos estandarizados). Después se tiene que organizar un grupo de trabajo formado por ciudadanos de a pie para realizar las auditorias (cuantos más, más ambiciosos podrán ser los procesos auditores). Ese grupo de ciudadanos estará integrado por una serie de perfiles con conocimientos en distintas materias, aunque no hace falta una formación específica en el tema (cada uno, desde sus conocimientos, puede aportar ideas). Esos ciudadanos se tienen que fijar unos objetivos realistas y accesibles en función del número de participantes, conocimientos, facilidad de acceso a la información, etc. Y por último, sería adecuado ese observatorio ciudadano contase con la ayuda de empleados municipales que les faciliten la información que es pública (o incluso a través de los grupos políticos municipales que quieran participar en el proceso).

Pero, ¿qué auditar? Se pueden seguir múltiples líneas de trabajo:

• Plan de pago a proveedores: Hay que recordar que en 2012 el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, anunció este plan con el objetivo de que todas las facturas impagadas hasta entonces fueran pagadas por medio de un préstamo con una entidad bancaria pactada (que recibían inyecciones económicas del Banco Central a un interés del 0,25%), es decir, cambió la deuda comercial de los Ayuntamientos por una deuda financiera (los bancos cobran a los Ayuntamientos un 6% de interés de esos préstamos). Hay que señalar que esos préstamos de los bancos a los ayuntamientos son préstamos sin apenas riesgos, pues si los consistorios no pagasen se restaría del PIE (Participación de los Impuestos del Estado). Las plataformas de auditoria ciudadana entienden que esto es ilegítimo, pues se está pagando un tipo de interés del 6% a las entidades bancarias cuando éstas, además de ser rescatadas, han recibido préstamos a un tipo de interés muy inferior (0.25%) para poder conceder esos créditos. Así hay Ayuntamientos que están aprobando mociones relativas a la ilegitimidad del plan de pago a proveedores, que aunque no evita que los ayuntamientos paguen la deuda, sí sirven para darles fuerza y refinanciarla a un menor tipo de interés.

• “Elefantes blancos”: obras faraónicas, obras que se quedan a medias, externalizaciones, contratos blindados… Son otro aspecto muy importante que se puede auditar. Son procesos realizados bajo aparente legalidad pero no son legítimos pues han generado deuda en muchas poblaciones. Hay que investigar en los concursos, los sobrecostes, la justificación de esos sobrecostes, quien los firmaba, si había un plan de viabilidad o se hicieron sin ningún estudio…

• Presupuestos presentados y presupuestos ejecutados: Hay que analizar todas las partidas y ver en cuánto se presupuestaron y en cuánto se ejecutaron. Esa comparación puede hacerse en varios años y detectar saltos extraños o sospechosos y buscar las facturas para ver por qué ocurrió.

• Deuda financiera: otra línea de auditoría es pedir un estado de ejecución: cuánto se sebe, a qué entidades bancarias, con qué tipo de interés (y ver si es parecido o no a l tipo de interés de mercado en el momento de producirse el préstamo).

• Finalidad de los préstamos: los préstamos bancarios a los Ayuntamientos tienen siempre una finalidad (excepto la línea de crédito). Hay que revisarlos y ver si se ha cumplido esa finalidad. En algunos ayuntamientos suelen funcionar con la “caja única” y los préstamos se piden con una finalidad determinada y no se destinan a ella (impugnación de préstamos).

• Externalizaciones y privatizaciones (sobre todo en materias como basuras, agua o viviendas). Es habitual la firma de contratos abusivos. Hay que analizar los concursos, si se presentaron más ofertas que la ganadora, si realmente la oferta ganadora era la mejor, si se están cumpliendo los pliegos de condiciones… Aunque es complicado, se pueden remunicipalizar muchos servicios que se han externalizado si se presentan pruebas de que no se están cumpliendo las condiciones iniciales.

• Particiones de contratos. Existen tres tipos de contratos de servicios: contrato menor (si es menor de 18000 euros),  contrato negociado sin publicidad (de 18000 a 60000 euros) o procedimiento abierto (mayor de 60000). Es práctica habitual que se “troceen” los contratos para que los gobiernos municipales elijan “a dedo” a las empresas que realizarán  esos servicios. Los auditores ciudadanos deberán analizar a los proveedores (que muchas veces son los mismos con diferente denominación) y saber quién hay detrás de cada una de las empresas  (es habitual que haya vínculos familiares). Además es importante contrastar la información con observatorios de otras poblaciones para buscar conexiones, así como solicitar presupuestos a otras empresas para comparar los precios por el mismo servicio. Ante cualquier indicio de ilegalidad hay que dejar el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción, aunque lo cierto es que estos delitos prescriben a los cinco años (pero al menos que los ciudadanos lo sepan)

• Puertas giratorias: analizar contratos con empresas donde acaban trabajando ediles que cuando estaban en el gobierno municipal pudieron favorecer a esas empresas.

• Otras líneas de auditoria: empresas mixtas de vivienda que han favorecido la burbuja inmobiliaria, sentencias judiciales o expropiaciones sin pagar, empresas de transporte público, partidas desorbitadas para poblaciones, gastos “varios” donde se mete de todo, alquileres abusivos, subvenciones que no se emplean en su finalidad, concursos con ganadores “a dedo”.

Para finalizar el taller, los ponentes nos han dado un consejo para poner en marcha un Observatorio de Auditoria Ciudadana en nuestras poblaciones: que esté integrado por ciudadanos y por integrantes de distintas opciones políticas para que no parezcan una acción de partido, así como por asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos sociales e incluso trabajadores del Ayuntamiento que faciliten información por vías legales (según la ley de transparencia, todo contrato es público una vez que se ha adjudicado). Eso aseguraría la pluralidad y la independencia. ¿Quién se anima a participar en una auditoria ciudadana en Algete?