El anteproyectode Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como “reforma local”, y que previsiblemente será aprobado en Consejo de Ministros este viernes 26 de julio, pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración, una competencia” y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
Sin embargo, desde Vecinos por Algete creemos que la reforma de la Administración Local tal y como está planteada puede suponer el desmantelamiento de la democracia de nuestros pueblos y ciudades y un cambio de modelo de Estado que termine con el municipalismo, suprimiendo la Administración Local en beneficio de la Autonómica. Los Ayuntamientos podrían dejar de ser instituciones autónomas de gobierno local para pasar a ser meros gestores de lo que dictan otros. Esta recentralización es contraria a una democracia avanzada, descentralizada, cercana a los ciudadanos, e incluso podría ser inconstitucional como reconoció el propio Consejo de Estado.
La Reforma Local propuesta por el Gobierno supone la vuelta al tutelaje sobre los Ayuntamientos, despreciándolos al no considerarlos como una parte del Estado al mismo nivel que las demás Administraciones. Esta recentralización es un ataque claro contra el modelo autonómico y la autonomía local, pues ignora las competencias locales que se recogen en los nuevos estatutos de autonomía, convirtiendo la experiencia de los Ayuntamientos democráticos en una excepción en la Historia de nuestro país.
El proyecto de Ley fue rechazado inicialmente por la Federación Española de Municipios y Provincias pues en los primeros borradores de la reforma suponía la intervención explícita de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes e implícita de los de menos de 20.000 habitantes, dando poder a una institución obsoleta como las Diputaciones. Se prioriza la sostenibilidad financiera al servicio de las personas, ajustándose a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su reformado artículo 135, que fue aprobado por PP y PSOE y que prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social.
La reforma de la Administración Local podría suponer la privatización de los servicios públicos municipales con la consecuente pérdida de calidad, pues los primeros borradores establecían un “coste estándar” de los servicios obligatorios (como la recogida de residuos, cementerio, alumbrado público y abastecimiento de agua), que fijaría el Gobierno central y al que deberían ajustarse los municipios para prestar servicios, o perder sus competencias en favor de las Diputaciones. En el último borrador se ha sustituido por el “coste efectivo”, que ahora solo tendría una función informativa para que los ciudadanos sepan cuánto cuesta cada servicio público.
Ante esta situación, nos oponemos a la Reforma Local tal y como está planteada, y apoyamos las propuestas que se están formulando desde diferentes entidades, foros y organismos para que sean tenidas en cuenta en la futura Ley:
- Reforma de la Administración local con participación de las tres administraciones, con diferentes competencias pero complementándose entre sí para conformar la Administración del Estado.
- Consideración de las alegaciones planteadas por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Elaboración de una Ley de suficiencia financiera que fije los criterios de financiación local eficientes.
- Determinación de las competencias locales y autonómicas en virtud de las establecidas en los Estatutos de Autonomía vigentes.
- Eliminación de las Diputaciones Provinciales y transferencia de sus recursos financieros y humanos a entes supramunicipales.
- Evaluación de los servicios municipales con criterios sociales y no solos económicos.
- Introducción de mecanismos adicionales de financiación para la gestión pública de los servicios municipales.
- Definición de iguales competencias y servicios para todos los municipios, sin estratificación por población.
- Mantenimiento de las Entidades Locales Menores como instrumento de descentralización en el ámbito municipal.
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