por Sergio Velasco Gigorro
Con la entrada en vigor el pasado 31 de diciembre de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida
popularmente como la "Reforma Local" se han multiplicado en las
últimas semanas las noticias en la prensa, los programas en la televisión o las
tertulias radiofónicas destinadas a desgranar y arrojar un poco más de luz
sobre las consecuencias que trae la implantación de esta nueva norma. Sin ir
más lejos, en el pasado pleno municipal de febrero del Ayuntamiento de Algete,
el tema fue ampliamente abordado al debatir la adhesión del consistorio a dos
de los tres servicios que ofrece la Central de Compra de la Federación Española
de Municipios y Provincias.
La reforma de la administración local ya fue tratada en este blog hace unos meses cuando la norma todavía era proyecto de Ley. Con la norma
ya aprobada, en Vecinos por Algete hemos querido profundizar en el tema y ver
cómo va a afectar su aplicación a un pueblo como el nuestro de más de 20.000
habitantes. Miembros de nuestra formación asistimos el pasado 21 de febrero a
una charla organizada por la Asamblea Ciudadana de San Sebastián de los Reyes
sobre la Reforma Local en la que se habló de política municipal, de la
capacidad de maniobra de nuestros representantes más directos, y de las
restricciones que la reforma local pretende introducir en los ayuntamientos
sobre todo en los temas sociales, charla de la que os dejamos a continuación
unas breves conclusiones.
La nueva Ley es una ley compleja y farragosa, que no tiene
aplicación directa, con muchísimos aspectos aún por desarrollar en leyes
sectoriales y autonómicas, que resta poder a los Ayuntamientos (el órgano
administrativo más cercano a los ciudadanos) y que va en contra de la
descentralización de la Administración, estando redactada a espaldas de la
Carta Europea de Autonomía Local. Además las leyes de desarrollo deberán
incluir una memoria económica con el coste efectivo de los servicios (la
fórmula la determina el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y
los Ayuntamientos lo calculan).
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local se soporta en el reformado artículo 135 de la
Constitución, que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier consideración
política o social, y que fue aprobado en su día solamente con los votos
favorables de PP y PSOE. Además es una Ley que no ha tenido debate
parlamentario, sino que ha sido debatido en una comisión con competencia plena.
El municipio es el lugar más accesible para los ciudadanos.
Si se eliminan servicios municipales estamos alejando al ciudadano de la
Administración (y no digamos en el medio rural, que prácticamente lo condena a
su eliminación). Evidentemente, habrá servicios municipales, pero sólo los
sostenibles (o los que paguemos los ciudadanos).
Era necesaria una reforma de la administración pública,
sobre todo las locales, pero más que reforma muchos colectivos hablan ya de una
"demolición", pues no es un ajuste, sino un cierre de servicios. El
ayuntamiento no podrá dar unos servicios que hasta ahora venía dando porque no
puede haber déficit presupuestario. Así se va a dar una reducción de servicios
en empleo, sanidad, asuntos sociales... en un momento crítico desde el punto de
vista social (con un 20% de los ciudadanos en riesgo de exclusión social en la
actualidad).
Algunos datos a tener en cuenta de las administraciones
locales dados en la charla por Gaspar Fernández Benavides, Director de área
acción social, igualdad y participación del Ayuntamiento de Rivas: son las
menos deficitarias (en torno al 7% del déficit presupuestario); los impuestos
de la administración local pueden mantener solo el 30% del gasto municipal; en
2012, uno de cada tres euros fue gestionado por entes locales; 7 millones de
personas son atendidos por los servicios sociales municipales (frente a los 1,5
millones de Cáritas o los 2,5 millones de Cruz Roja).
Uno de los argumentos dados por los defensores de la reforma
local ha sido la duplicidad de competencias, pero lo cierto es que no hay tanta
como se afirmaba, pues según los estudios oscilaban entre el 10 y el 15% como
máximo. Lo que sí había era concurrencia de competencias, que es algo bien
distinto. Otro argumento que ha sido utilizado para convencernos de la
idoneidad de la reforma ha sido el de los desproporcionados sueldos de alcaldes
y concejales que requerían de una limitación legal. También se esgrimió la
necesidad de reducir el número de concejales de los ayuntamientos, aunque finalmente
lo que se reducirá será el número de concejales con dedicación exclusiva (en la
actualidad en el Ayuntamiento de Algete, 6 y 1/2 del PP, 2 del PSOE, 1 de IU y 1 de
UPyD).
Pero, ¿cómo va a afectar la Ley al caso concreto de Algete?
¿Qué competencias serán propias y cuáles pueden ser delegadas por la Comunidad
de Madrid? ¿Qué servicios sociales se van a recortar o eliminar?
Las únicas competencias propias del Ayuntamiento de Algete
(además de urbanismo, parques y jardines, gestión de residuos, suministro de
agua e infraestructura viaria) serán: en Servicios Sociales, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social (fuera quedan los mayores,
infancia, juventud, discapacitados, mujer...); en Sanidad, protección de la
salubridad pública y cementerios (fuera queda la prevención del consumo de
drogas por ejemplo); en Deportes, la promoción del mismo, instalaciones y la
ocupación del tiempo libre (fuera quedan las escuelas deportivas municipales);
en Cultura, la promoción de la misma y los equipamientos (fuera quedan la
escuelas de música y danza); en Educación, vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria, cooperar en la obtención de los solares necesarios
para la construcción de nuevos centros docentes (sorprendente después de la
"burbuja" inmobiliaria que tantos problemas nos ha dado),
conservación y mantenimiento y de los edificios de titularidad local destinados
a centros públicos escolares (y su personal).
¿Qué competencias principales podrán ser delegadas por la
Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Algete? El consistorio y el órgano
regional, si así lo acuerdan, se podrán desempeñar las siguientes competencias
en el ámbito municipal: en Medio Ambiente, vigilancia y control de la contaminación
y protección del medio natural; en Servicios Sociales: promoción de la igualdad
de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer; en Sanidad:
conservación o mantenimiento de centros sanitarios (centro de salud de la calle
Carrachel); en Educación: creación, mantenimiento y gestión de las escuelas
infantiles ("El Principito" y "Pasacalles") y realización
de actividades complementarias en los centros docentes
("Madrugadores" y "La tarde más diver"); en Cultura:
gestión de instalaciones culturales (como el Centro Joan Manuel Serrat); en
Deportes: gestión de las instalaciones deportivas (polideportivo duque de
Algete); en Comercio: inspección y sanción de establecimientos y actividades
comerciales.
Llama la atención que ni en competencias propias ni en
competencias delegadas haya referencia
alguna al área de economía, al de empleo, o a la industria en una situación tan
complicada como la que vivimos actualmente y donde es necesario una actuación
desde todos los entes administrativos posibles.
Evidentemente, nadie duda de que el Ayuntamiento de Algete,
dado el pésimo estado de sus cuentas, va a reducir sus actuaciones, y muchos
servicios dejarán de ser prestados. Pero los ciudadanos tienen que saber
también que los gestores políticos de Algete pueden asumir más competencias de
las propias o delegadas siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos:
- Equilibrio presupuestario acreditado (que no se ponga en
peligro la tesorería pues no habrá asignación de fondos por parte de la
Comunidad de Madrid).
- Que la Comunidad de Madrid no preste ya ese servicio y dé
su visto bueno a la memoria presentada por el Ayuntamiento.
Para terminar este artículo, diremos que los grandes bloques
de las competencias ya están definidos en la ley, a falta de desarrollos
legislativos reglamentarios, sectoriales y autonómicos posteriores. Unos buenos
gestores municipales deberían a estas alturas tener ya definido el catálogo de
servicios que presumiblemente van a dar y cuáles no como ya están haciendo
algunas poblaciones de la Comunidad de Madrid. La pregunta es: ¿tiene el
Ayuntamiento de Algete ya un borrador del catálogo de servicios, o improvisará
cuando se cumpla el límite de tiempo de asunción de competencias?
