La ocupación ilegal de viviendas

La ocupación ilegal de viviendas es un tema sobre el que no tiene competencias un Ayuntamiento, pero que sí nos incumbe como vecinos, pues además en Algete se han dado algunos casos. La ocupación ilegal de viviendas consiste en la usurpación de un bien inmueble no constitutivo de morada sin utilizar la violencia.  Es un fenómeno en auge en los últimos tiempos, máxime teniendo en cuenta las numerosas viviendas que las entidades bancarias y fondos de inversión se han visto obligados a incluir en sus activos tras la crisis, produciéndose con dicho fenómeno el enfrentamiento de dos derechos constitucionales, como son: 

- Por un lado, el derecho a la propiedad, que se configura como un derecho del ciudadano, advirtiendo el apartado tercero del art. 33 que: “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

- Por otro lado, el derecho a la vivienda digna y adecuada, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución Española en el art. 47, que es un principio rector de la política social y económica.

La ocupación de un bien inmueble en contra de la voluntad de su propietario está penada dependiendo de si hay violencia o intimidación. Cuando se ocupa una vivienda con violencia, o sin que lo haya autorizado su propietario, se trata de un delito de usurpación. La ocupación es un delito como tal, pero sería conveniente analizar la casuística de esa ocupación y no meter a todos en el mismo saco. Así, y aunque la ley no lo reconoce, existen los que podríamos denominar “ocupas buenos” y “ocupas malos”.

Los denominados “ocupas buenos” ocupan una vivienda por necesidad, por no tener una alternativa habitacional y se encuentran normalmente en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Ocupan de forma ilegal la vivienda porque no pueden pagar una o porque han perdido la suya por culpa del desempleo, por enfermedad, por bajo poder adquisitivo, por subida de alquileres, por trabajos precarios…

Por el contrario, también existen los llamados “ocupas malos”, mafias o individuos que ocupan inmuebles para realquilar y lucrarse con los denominados “pisos patera” o para utilizar las viviendas como punto delictivo, como los “narco pisos”. Es evidente que contra este tipo de ocupas, la Administración debe actuar con todo el peso de la ley. En el caso de los que hemos denominado “ocupas buenos”, aunque no dejen de estar cometiendo un delito, las medidas a tomar no deberían ser en la línea que se proponen en las distintas proposiciones de Ley que han registrado en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario Ciudadanos (abril de 2018) y el grupo parlamentario del Partido Popular (enero de 2019).

También hay que distinguir dos situaciones: que el propietario del piso sea un particular y que en ausencia del mismo su vivienda sea ocupada o que el dueño del inmueble sea un banco o un fondo de inversión y disponga de una vivienda vacía que es aprovechada por el ocupante ilegal. Es evidente que cuando en el primer caso, un propietario particular pierda la propiedad, la administración debe actuar de forma inminente para restablecerla cuanto antes. En el caso de los bancos y gestores privados habría un gran debate sobre el tiempo en el que debería recuperarse en el que habría mucho que debatir. 

Desde Vecinos por Algete creemos que las propuestas de Ley de Ciudadanos y Partido Popular al Congreso de los Diputados buscan extender el “desahucio exprés”, criminalizando a cualquier tipo de ocupante, independientemente de los motivos que le hayan llevado a hacerlo, y endureciendo las penas contra él, sin medidas concretas contra los extorsionadores y mafias, sino solo contra los ocupantes, negándoles incluso el padrón municipal.

Son una vuelta de tuerca más que pretende sumarse  a la Ley 5/2018 (de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas) propuesta PDeCat y que contó con el voto favorable precisamente de Partido Popular y Ciudadanos. Aquella proposición modificaría la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda cuando la  propiedad de la vivienda se refería a particulares.

Por cierto, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el año pasado por más de 50 diputados contra aquella Ley, pues su aplicación permitiría la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, algo contrario a los tratados internacionales en relación con la vivienda, denunciando además que ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impedía la posibilidad de alegar si los ocupantes no podían demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo (y aquí hablamos de 24 horas).

Esa Ley excluía a gestores privados de vivienda social, cerrando la puerta a bancos, fondos buitre y grandes corporaciones, participados generalmente por las grandes fortunas, ex gobernantes y familiares de estos. Si se aprobara la ley que propone el Partido Popular, se daría vía libre a otro tipo de mafias sin necesidad de ir a la vía judicial. 

Aportaremos unos datos sobre las 4.400 viviendas ocupadas que existen en la Comunidad de Madrid. La mitad de esas viviendas pertenecen al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) dependiente de la Comunidad de Madrid. Eran viviendas que fueron ocupadas porque estaban vacías desde hacía años. Frente a esa cifra, les diremos otra: hay 40.000 familias, 7.000 de ellas de especial protección, esperando una vivienda social. Y actualmente sigue habiendo cerca de 500 viviendas del IVIMA vacías que en su mayoría pertenecen a fondos buitres. Eso por no hablar de las venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre por parte del Gobierno Ana Botella y por la que el Tribunal de Cuentas condenó al máximo responsable de la EMVS, y al equipo de Gobierno de la exalcaldesa por los daños causados a las arcas públicas al vender por debajo del precio de mercado. 

Se echa de menos en estas propuestas de Partido Popular o Ciudadanos, si lo que pretende es solucionar el problema de la ocupación, una apuesta clara por una política social de vivienda tanto estatal, como autonómica y municipal orientada a facilitar el acceso a la misma de los colectivos con menos recursos y más vulnerables, los jóvenes que no pueden acceder a los elevados alquileres, las personas mayores y aquellas que han tenido que abandonar su vivienda tras un proceso de desahucio.

Desde Vecinos por Algete creemos que tanto Ciudadanos como el Partido Popular se ha dejado llevar por el “lobby”  de las grandes corporaciones bancarias y fondos buitres, que solo buscan desocupar viviendas cuanto antes para sacar rentabilidad de ellas. La ocupación es un hecho delictivo grave y hay que garantizar el derecho a la propiedad. Pero tanto las propuestas de Partido Popular como la de Ciudadanos abordan el problema de la ocupación desde un punto de vista penal y policial, olvidando la vulnerabilidad de las familias sin alternativa habitacional que se vean afectadas por las medidas propuestas y allana el camino para que las grandes corporaciones y los fondos buitres continúen controlando y alimentando la burbuja del alquiler de viviendas en España. No apoyar estas propuestas no significa que estemos de acuerdo con la ocupación ilegal de vivienda, sino que consideramos que proteger sólo a los fondos buitre no es la manera más adecuada de solucionar el grave problema del acceso a la vivienda.

Algete solidario

Por Ana Soleto

Hace justo una semana del incendio en una vivienda de Algete. Ese día me encontraba fuera del pueblo y no fue hasta el lunes por la mañana cuando me enteré de que el incendio había sido en la casa de un compañero de clase de mi hijo.

Me puse en contacto con ellos para ofrecerles ayuda y me contaron que se habían quedado sin nada, que les habían ofrecido quedarse en el hotel y que podían acudir al centro de día para comer. Me dijeron que necesitaban ropa y calzado para los 6 miembros de la familia y esa misma tarde les llevamos una bolsa de ropa que consiguió un amigo y les intentamos tranquilizar diciéndoles que los seguros se encargaran de todo.

Fue en aquel momento cuando nos dijeron que ellos estaban de alquiler y que el casero tenía un seguro que cubría el continente pero que no sabían si también cubriría el contenido, y que ellos no tenían ningún seguro aparte.

El martes por la mañana me llamaron y me contaron que tenían que marcharse del hotel, pues sólo les cubría una noche: el resto lo tenían que pagar ellos. Conscientes de que no podían pagarlo se fueron, y es entonces cuando un conocido les ofrece su casa: esa noche durmieron 12 personas en un piso. 

Preguntamos en asuntos sociales si existía en Algete vivienda social de emergencia y nos dijeron que no, que la vivienda se la tenían que buscar ellos. Empezamos a buscar casa de alquiler. Al principio llamamos a anuncios particulares conscientes de que las agencia cobraban un mes de comisión (me dijeron que asuntos sociales les ayudaría con el gasto inicial). Recorrimos el pueblo y llamamos a cada cartel que nos encontramos y lo mismo con los anuncios. En unos la casa no estaba disponible hasta agosto, en otros eran necesarias una serie de mejoras para poder entrar a vivir (calefacción, caldera rota, ventanas que no cerraban...), arreglos que los propietarios no querían hacer. Y en una nos dijeron directamente que para los del incendio no la alquilan (¡alucino!). 


Viendo que entre particulares iba a resultar difícil, buscamos en agencias. Apareció un piso que a las 18h estaba libre y a las 20h curiosamente ya lo había alquilado el marido y no les había dado tiempo a avisar a la agencia. Desesperados lo dejamos por ese día. 

Por fin el jueves la misma agencia les enseña una casa en la que parecía que no tenían problema alguno para alquilársela. Locos de contentos acudieron a servicios sociales para contarles que ya habían encontrado casa y que necesitaban su ayuda para el pago inicial. Es entonces donde se dan cuenta que ha habido un mal entendido por que les dijeron que desde asuntos sociales sólo les podían ayudar pagando la fianza y no sabían si en su totalidad, ya que es un poco más de lo que se estipula en estos casos. Todo esto 2 horas antes de la firma de contrato. Salieron de la reunión disgustados viendo que se quedaban sin casa. Les dejo en la agencia para que les cuenten lo que pasaba y me voy a casa casi más desesperada que ellos. 

A las dos horas me llamaron para contarme que tienen la casa, que la persona que les alojaba en su casa y algún amigo más les prestaban el dinero para alquilarla. La alegría en ese momento fue inmensa: verles con esa ilusión tan grande, sabiendo que tendrán que devolver ese dinero, pero que por suerte tenían trabajo y tarde o temprano lo podrían hacer. 

Les acompañé a su nueva casa y me faltan las palabras para describir verles tan felices, solo con las cuatro paredes. Es entonces cuando se me ocurre hacer un llamamiento para que la gente les pueda donar eso que no usamos o no queremos y todavía me emociono más viendo la respuesta de los vecinos de Algete. En 4 horas el mismo viernes ya tenían montones de cosas y al día siguiente prácticamente tenían de todo. Gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena para que esta familia empiece de cero.