La Fiscalía del Área de Alcalá de Henares ha acordado la formulación de una nueva denuncia contra el Ayuntamiento de Algete por otro presunto delito de prevaricación administrativa en el proceso de contratación de un funcionario como administrativo, pasando de ser temporal a indefinido a tiempo completo a pesar del informe del interventor proponiendo la nulidad del proceso selectivo por no ajustarse a la legalidad aplicable. Se da la circunstancia adicional de que ese empleado municipal iba en las listas electorales con las que el Partido Popular de Algete concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023.
Tras las diligencias de investigación, la Fiscalía de Alcalá de Henares ha estimado que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, acordando la formulación de denuncia ante el Juzgado en orden al esclarecimiento de los hechos y las personas responsables, y concluir y archivar las diligencias de investigación.
Al conocer la noticia Sergio Velasco Gigorro, concejal portavoz de Vecinos por Algete, ha señalado que “nuevamente la fiscalía ha estimado que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa. El ayuntamiento de Algete puede contratar a cualquier persona independientemente de que vaya en unas listas electorales, pero si a esa persona se le hace contrato indefinido a tiempo completo a pesar de las advertencias en contra de la intervención municipal, se están saltando, presuntamente, la legalidad aplicable, y por desgracia no es la primera vez que esto ocurre en esta legislatura en Algete.”
Practicadas las diligencias oportunas, la Fiscalía de Alcalá de Henares ha concluido que con fecha 9 de mayo de 2024 la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Algete, dirigida por la Concejala Cristina Expósito Frutos, resolvió la contratación de un administrativo a tiempo completo durante seis meses a través del Servicio Público de Empleo. Con fecha 29 de noviembre de 2024, amparándose en una necesidad de urgencia que no se justifica, la Concejalía de Recursos Humanos pasó el contrato de dicho empleado de temporal a indefinido a tiempo completo, pese al informe del Interventor municipal que proponía la nulidad del proceso selectivo por no ajustarse a la legalidad aplicable.
Hay que recordar que según el artículo 404 del Código Penal, “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
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