- Por un lado, el derecho a la propiedad, que se configura como un derecho del ciudadano, advirtiendo el apartado tercero del art. 33 que: “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.
- Por otro lado, el derecho a la vivienda digna y adecuada, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución Española en el art. 47, que es un principio rector de la política social y económica.
La ocupación de un bien inmueble en contra de la voluntad de su propietario está penada dependiendo de si hay violencia o intimidación. Cuando se ocupa una vivienda con violencia, o sin que lo haya autorizado su propietario, se trata de un delito de usurpación. La ocupación es un delito como tal, pero sería conveniente analizar la casuística de esa ocupación y no meter a todos en el mismo saco. Así, y aunque la ley no lo reconoce, existen los que podríamos denominar “ocupas buenos” y “ocupas malos”.
Los denominados “ocupas buenos” ocupan una vivienda por necesidad, por no tener una alternativa habitacional y se encuentran normalmente en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Ocupan de forma ilegal la vivienda porque no pueden pagar una o porque han perdido la suya por culpa del desempleo, por enfermedad, por bajo poder adquisitivo, por subida de alquileres, por trabajos precarios…
Por el contrario, también existen los llamados “ocupas malos”, mafias o individuos que ocupan inmuebles para realquilar y lucrarse con los denominados “pisos patera” o para utilizar las viviendas como punto delictivo, como los “narco pisos”. Es evidente que contra este tipo de ocupas, la Administración debe actuar con todo el peso de la ley. En el caso de los que hemos denominado “ocupas buenos”, aunque no dejen de estar cometiendo un delito, las medidas a tomar no deberían ser en la línea que se proponen en las distintas proposiciones de Ley que han registrado en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario Ciudadanos (abril de 2018) y el grupo parlamentario del Partido Popular (enero de 2019).
También hay que distinguir dos situaciones: que el propietario del piso sea un particular y que en ausencia del mismo su vivienda sea ocupada o que el dueño del inmueble sea un banco o un fondo de inversión y disponga de una vivienda vacía que es aprovechada por el ocupante ilegal. Es evidente que cuando en el primer caso, un propietario particular pierda la propiedad, la administración debe actuar de forma inminente para restablecerla cuanto antes. En el caso de los bancos y gestores privados habría un gran debate sobre el tiempo en el que debería recuperarse en el que habría mucho que debatir.
Desde Vecinos por Algete creemos que las propuestas de Ley de Ciudadanos y Partido Popular al Congreso de los Diputados buscan extender el “desahucio exprés”, criminalizando a cualquier tipo de ocupante, independientemente de los motivos que le hayan llevado a hacerlo, y endureciendo las penas contra él, sin medidas concretas contra los extorsionadores y mafias, sino solo contra los ocupantes, negándoles incluso el padrón municipal.
Son una vuelta de tuerca más que pretende sumarse a la Ley 5/2018 (de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas) propuesta PDeCat y que contó con el voto favorable precisamente de Partido Popular y Ciudadanos. Aquella proposición modificaría la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda cuando la propiedad de la vivienda se refería a particulares.
Por cierto, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el año pasado por más de 50 diputados contra aquella Ley, pues su aplicación permitiría la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, algo contrario a los tratados internacionales en relación con la vivienda, denunciando además que ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impedía la posibilidad de alegar si los ocupantes no podían demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo (y aquí hablamos de 24 horas).
Esa Ley excluía a gestores privados de vivienda social, cerrando la puerta a bancos, fondos buitre y grandes corporaciones, participados generalmente por las grandes fortunas, ex gobernantes y familiares de estos. Si se aprobara la ley que propone el Partido Popular, se daría vía libre a otro tipo de mafias sin necesidad de ir a la vía judicial.
Aportaremos unos datos sobre las 4.400 viviendas ocupadas que existen en la Comunidad de Madrid. La mitad de esas viviendas pertenecen al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) dependiente de la Comunidad de Madrid. Eran viviendas que fueron ocupadas porque estaban vacías desde hacía años. Frente a esa cifra, les diremos otra: hay 40.000 familias, 7.000 de ellas de especial protección, esperando una vivienda social. Y actualmente sigue habiendo cerca de 500 viviendas del IVIMA vacías que en su mayoría pertenecen a fondos buitres. Eso por no hablar de las venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre por parte del Gobierno Ana Botella y por la que el Tribunal de Cuentas condenó al máximo responsable de la EMVS, y al equipo de Gobierno de la exalcaldesa por los daños causados a las arcas públicas al vender por debajo del precio de mercado.
Se echa de menos en estas propuestas de Partido Popular o Ciudadanos, si lo que pretende es solucionar el problema de la ocupación, una apuesta clara por una política social de vivienda tanto estatal, como autonómica y municipal orientada a facilitar el acceso a la misma de los colectivos con menos recursos y más vulnerables, los jóvenes que no pueden acceder a los elevados alquileres, las personas mayores y aquellas que han tenido que abandonar su vivienda tras un proceso de desahucio.
Desde Vecinos por Algete creemos que tanto Ciudadanos como el Partido Popular se ha dejado llevar por el “lobby” de las grandes corporaciones bancarias y fondos buitres, que solo buscan desocupar viviendas cuanto antes para sacar rentabilidad de ellas. La ocupación es un hecho delictivo grave y hay que garantizar el derecho a la propiedad. Pero tanto las propuestas de Partido Popular como la de Ciudadanos abordan el problema de la ocupación desde un punto de vista penal y policial, olvidando la vulnerabilidad de las familias sin alternativa habitacional que se vean afectadas por las medidas propuestas y allana el camino para que las grandes corporaciones y los fondos buitres continúen controlando y alimentando la burbuja del alquiler de viviendas en España. No apoyar estas propuestas no significa que estemos de acuerdo con la ocupación ilegal de vivienda, sino que consideramos que proteger sólo a los fondos buitre no es la manera más adecuada de solucionar el grave problema del acceso a la vivienda.
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