En los últimos plenos, el criterio que había prevalecido a la hora de tomar medidas e implantar iniciativas para paliar los efectos y consecuencias de la grave pandemia de covid-19 que estamos sufriendo era el de sentarnos todos a dialogar y tomar decisiones de forma mayoritaria, trabajando codo con codo equipo de gobierno y oposición, teniendo en cuenta siempre las limitaciones económicas, el impacto de las medidas tomadas, el ahorro que se producía en otras áreas… Con todos esos elementos hemos priorizado aquellas actuaciones que benefician a más vecinos o a los más vulnerables, que fueran más eficientes, que estuviéramos la mayoría de acuerdo… En definitiva, hemos dado una lección de unidad y de solidaridad actuando con gran lealtad todos los grupos municipales y anteponiendo los intereses generales de los vecinos a los intereses partidistas particulares (hecho que desde Vecinos por Algete agradecemos).
La propuesta que ha traído el Partido Popular de Algete al pleno de junio, como el grupo proponente ha reconocido, no se les ocurrió en esas reuniones y más allá de que estemos a favor o no de ella, se topa con un primer problema: el económico. No disponemos de dinero para hacer frente a este tipo de estudios, porque el dinero del que disponíamos, lo hemos ido canalizando hacia otras prioridades que decidimos todos y que se han plasmado muchas de ellas en las modificaciones presupuestarias de los últimos plenos, como en la que hemos hecho hoy.
Llegados a este punto, nos paramos a pensar si, aunque no habíamos pensado en ese estudio, quizá merezca la pena hacer otro esfuerzo y buscar otras partidas económicas de donde sacar los recursos que necesitamos. Y para ellos, nos preguntamos si es realmente útil y si va a merecer la pena renunciar a otro objetivo en favor de este tipo de estudios. Y como los concejales de Vecinos no somos expertos médicos ni científicos, como hace unas semanas hizo el propio Doctor Fernando Simón cuando le preguntaron por algo que no sabía, humildemente contestó que buscaría la información y contestaría en consecuencia.
Nosotros también hemos buscado información sobre estos estudios. Esta propuesta del Partido Popular pretende imitar la iniciativa realizada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz que hace unas semanas realizó un estudio serológico masivo, tras el beneplácito y aprobación de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
El objetivo, según los representantes políticos de esta ciudad de 130.000 habitantes, era realizar un análisis a toda su población (salvo a los menores de un año), con el fin de detectar posibles infecciones activas por coronavirus, o bien infecciones ya resueltas.
La maniobra se vendió a la opinión pública como necesaria, con el objetivo de identificar la prevalencia real del nuevo coronavirus en la población. Sin embargo, no siguió ningún criterio científico o sanitario, sino más bien político, motivo por el cual diversas asociaciones científicas se han posicionado en contra de la realización de estas pruebas masivas, como es el caso de la Asociación Madrileña de Salud Pública y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), cuyo comunicado explica por qué es un error llevar a cabo estudios de este tipo.
No son los únicos profesionales sanitarios que se han posicionado en contra de este tipo de estudios basados en test masivos a todos los habitantes de una determinada localidad, en lugar de realizárselos a una muestra aleatoria de la población, como está haciendo el Instituto de Salud Carlos III para obtener datos sobre la prevalencia de infección por coronavirus a nivel nacional.
Es más, algunos medios internacionales, como The Scientist, se han hecho eco de dicho estudio de seroprevalencia del Instituto Carlos III, alabando sus métodos y resultados: primero se realizaban test "rápidos", y posteriormente un estudio serológico más detallado, tipo ELISA, con los mismos individuos.
No son pocos los que, desde el inicio de la pandemia, han esgrimido la necesidad de realizar test masivos a toda la población. Sin embargo, dicha petición no tiene un criterio científico ni epidemiológico, sino tan solo político. Y vamos a ver las razones.
Si bien el comunicado de la Asociación Madrileña de Salud Pública y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria comprende la incertidumbre existente actual, la realidad es que, como también afirman en dicho comunicado, la realización de pruebas masivas puede dar lugar a una falsa sensación de seguridad, desembocando en un mayor riesgo de transmisión del virus entre personas.
Actualmente, con los datos disponibles, no existe una justificación científica para realizar test de anticuerpos masivos a toda la población, e incluso está desaconsejado. Testear a toda la población, afirman, además de ser innecesario, puede ser una gran irresponsabilidad. Hoy ni siquiera es posible confirmar que dichos anticuerpos realmente otorgan una inmunidad total a los individuos en los cuales se detectan, y realizar test a la población sería un claro malgasto de recursos.
Además, en casos como el de Torrejón -donde la realización de la prueba fue voluntaria -se puede dar el caso de que acudan sobre todo personas que sospechen haber estado en contacto con el virus, por lo que serían más proclives a dar positivo y darían un porcentaje de inmunidad mayor al real-.
Como explican las sociedades científicas en su comunicado, las pruebas masivos de anticuerpos no son estudios de seroprevalencia; para dichos estudios tan solo es necesario realizar pruebas de forma aleatoria a 1.000-2.000 personas. Además, teniendo en cuenta que ya existe un estudio de seroprevalencia a nivel nacional, este tipo de testeo masivo no va a proporcionar más información de la que ya se conoce:
- Entre 8 y 9 de cada 10 personas testadas en cualquier tipo de estudio de test masivos obtendrá un resultado negativo, es decir, que el individuo analizado no está protegido contra el virus, como ya adelantó el estudio de seroprevalencia nacional. De hecho, dicho resultado puede otorgar una falsa sensación de tranquilidad, relajando las medidas de prevención, y aumentando el riesgo de acabar sufriendo un contagio posterior. Por su parte, los pocos individuos que obtengan un resultado positivo para IgG (infección pasada y curada), tampoco tienen una garantía total de inmunización contra nuevos contagios, dado que aún hay falta de evidencia científica al respecto.
- Los test no son gratis: son caros y se pagan con los impuestos nacionales. En este caso, en Torrejón de Ardoz, es como si sus gobernantes hubiesen tirado el dinero de la ciudadanía, con el beneplácito de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Se trataría, según el comunicado, de un trasvase de dinero público hacia empresas privadas, dando lugar a que algunas identidades se lucren con un servicio innecesario, no soportado ni científica ni técnicamente. Dicho dinero podría dedicarse a otros recursos más necesarios, como los necesarios contratos para personal sanitario, o bien para potenciar la detección precoz de posibles rebrotes por coronavirus.
- Finalmente, sugieren las sociedades científicas, si cundiese este ejemplo entre otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, o incluso en el resto de España, se correría un gran riesgo para la salud pública, llevando a un nuevo colapso sanitario en cuanto a la capacidad diagnóstica se refiere, impidiendo la detección rápida y precoz de rebrotes, y aumentando el riesgo de diseminación. Realizar test de cualquier tipo a individuos asintomáticos carece de sentido, y por ello la capacidad diagnóstica del sistema sanitario debe reservarse para la detección y seguimiento de nuevos casos y sus contactos, como aconseja la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. De hecho, en el momento que sea posible, los protocolos actuales aconsejan realizar test PCR a los casos sospechosos y a sus contactos estrechos al inicio y final de la cuarentena, y en ningún momento se aconsejan los test serológicos en ningún país del mundo.
- Finalmente, puntualizan, una hipotética realización de prueba masivas a toda la población española tendría un coste de cientos de millones de euros. Un gasto que se dispararía todavía más, si se realizasen continuamente test a aquellos individuos que inicialmente dan un resultado negativo, pues cualquier individuo puede contagiarse en cualquier momento, aunque el primer test sea negativo.
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